El secreto empresarial: aspectos básicos

Autor: Francisco Moreno (Abogado, Socio fundador)

 

El pasado 13 de marzo, entró en vigor la Ley 1/2019, de Secretos Empresariales (la “LSE”).

No obstante, la protección del secreto ya venía siendo obligada a tenor del artículo 39 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de 1994 (los “ADPIC”), castigándose la violación de secretos en España como un ilícito de competencia desleal de conformidad con el artículo 13 de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal (la “LCD”).

Con la entrada en vigor de la LSE, el citado artículo 13 de la LCD se limita hoy a indicar que la violación de secretos empresariales se regirá por su ley específica.

Ahora bien, ¿qué hay que entender por secreto empresarial? ¿qué requisitos deben reunir la información o conocimiento para ser protegibles como secreto?

Respetando el concepto de los ADPIC, la LSE se refiere a cualquier información o conocimiento, de cualquier ámbito empresarial (tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero), que reúna tres condiciones cumulativas:

a) La información debe ser secreta

Es decir, si la información o conocimiento es generalmente conocido o bien es fácilmente accesible, carecerá de carácter secreto y por tanto no podrá protegerse al amparo de esta normativa.

Como ejemplo evidente, el carácter secreto no sería predicable de unos modelos de vestidos que ya han sido introducidos en el comercio y por tanto son ya conocidos. Así lo entendió la Audiencia Provincial de Barcelona en su Sentencia 443/2005, de 26 de octubre, concluyendo que “[s]e trataría entonces de una imitación a partir de algo que ya existe en el mercado, constituyendo el elemento imitado la propia prestación ya conocida (el vestido), que deja de constituir secreto una vez presentado en el mercado”.

b) La información debe tener valor comercial por ser secreta

Esto significa que el secreto, precisamente por ser secreto, debe reportar valor empresarial real o potencial.

A título de ejemplo, la Audiencia Provincial de Alicante, en su Sentencia 297/2013, de 5 de julio, apreció la existencia de valor comercial con el siguiente razonamiento: “[p]arece ser, pues, que mantener bajo secreto esta información le da una ventaja a la actora respecto de sus competidores al facilitar la rápida difusión de sus productos a estos profesionales sanitarios y la mayor posibilidad de efectuar ventas”.

c) Deben haberse adoptado medidas razonables para mantener la información como secreta

En otras palabras, no merece la protección prevista en la regulación del secreto empresarial el titular de la información o conocimiento que no ha adoptado las precauciones necesarias para salvaguardar el secreto.

Resulta ilustrativa la Sentencia 506/2004 de 26 de noviembre de la Audiencia Provincial de Barcelona, al afirmar que “habrá que analizar las medidas adoptadas y que en cada caso se revelen adecuadas y razonables para evitar la divulgación de la información, tanto hacia el exterior (impidiendo que los terceros puedan tener acceso a esa información), como hacia el interior (disponiendo lo necesario para que únicamente accedan a ella los empleados y colaboradores que por sus funciones deban conocerla o manejarla y siempre sometidos a un deber de sigilo”.

Una vez llegados a este punto, el titular de un secreto empresarial podrá proteger su secreto de las conductas infractoras previstas en la LSE y ejercitar las acciones legales contempladas en la misma. En su caso, podría acudirse incluso a la jurisdicción penal. No debemos pasar por alto que las personas jurídicas también pueden ser penalmente responsables por la comisión de delitos de violación de secretos.

En fin, la LSE incluye importantes novedades en sede procesal, orientadas a que el proceso judicial no sirva para que la información que se pretende proteger sea divulgada y de esta forma se desincentive a los titulares de secretos a acudir a los juzgados para evitar un mal mayor. Según una encuesta realizada por la Comisión Europea en 2012 a empresas que habían sufrido sustracción de secretos empresariales, a la pregunta de si habían ejercitado acciones judiciales en la Unión Europea, el 59,3 % respondió negativamente.